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lunes, 29 de junio de 2009

¿Quién es Micheletti? La cara civil del golpe en Honduras

por: Chevige González Marcó


Roberto Micheletti, conocido luego del golpe militar ejecutado este 28 de junio como "Goriletti", es un empresario de origen italiano, dueño de redes de transporte interurbano y de una emisora de radio en la ciudad de El Progreso, lugar donde nació el 13 de agosto de 1948.
Pertenece a llamada vieja guardia del Partido liberal, ocupó el cargo de sub oficial de a Guardia Presidencial en la administración liberal de Ramón Villeda Morales. Micheletti sale del país, luego que ocurre un golpe militar contra Villena Morales en 1963.
Micheletti se traslada a México, donde comienza sus estudios superiores para luego radicarse en Estados Unidos en donde continuaría sus estudios. Reinicia su vida en Honduras a inicios de los años 80’s administrando sus negocios.
Roberto Micheletti denunciaba, injuriosamente, que el presidente Zelaya pretendía modificar la constitución hondureña para reelegirse, pero el ha sido durante 28 años diputado del Congreso Nacional hondureño, es decir reelecto durante varios períodos consecutivos.
El año pasado Micheletti participó en los comicios internos del Partido Liberal se presentó para optar a la candidatura presidencial por esa organización, pero perdió. Su adversario y quien resultó ganador, Elvin Santos, lo acusó públicamente de ofrecer dinero a varios funcionarios del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Electoral, para que no se le permitieran inscribirse en las elecciones internas del Partido Liberal, aseguró tener en su poder el vicepresidente Elvin Santos.
Micheletti también fue mencionado como uno de los sospechosos del atentado cometido el pasado 1 de septiembre de 2008 contra el fiscal Luis Javier Santos, quien fue atacado a balazos en la ciudad de San Pedro Sula.
Sobre este caso se informó, que en una ocasión, Luis Javier Santos fue agredido por un ex alcalde de Santa Bárbara y que también, el 5 de febrero de 2007 denunció durante una rueda de prensa que algunos individuos a los que procesó en los tribunales y que no identificó, ofrecían unos 1 600 dólares por matarlo a él y a otros fiscales.
El fiscal Santos había emprendido un movimiento contra la corrupción. Harry Dixon, fiscal del ministerio público hondureño expresó en la oportunidad del atentado contra Santos: que la violencia contra los funcionarios que luchaban contra la corrupción provenían del Congreso.

Durante su ejercicio como presidente del Congreso, Micheletti también fue acusado por destruir el patrimonio cultural que significa el edificio legislativo. El recién designado como presidente ilegítimo de Honduras ordenó la remodelación de un balcón con el único fin de evitar que allí se instalaran cámaras de un medio de comunicación.

La oligarquía mediática hondureña: cómplices y activistas de un golpe de estado

por: Chevige González Marcó


Conocer la estructura del poder mediático hondureño es saber también sobre los intereses que se manejan tras el golpe de estado ejecutado contra el Presidente Manuel Zelaya. Un puñado de familias son propietarias de la mayoría de los medios de comunicación de país, que al mismo tiempo amasaron sus fortunas utilizando la política y favorecidos por el estado.

Los medios han cumplido un importante papel en el golpe de estado contra Zelaya, habían preparado la matriz de opinión de que el legítimo mandatario pretendía perpetuarse en el poder, para esconder su terror ante la posibilidad de que una Asamblea Constituyente modificara una carta magna hecha la medida de la oligarquía y de sus alianzas para compartirse el poder.

Zelaya les lastimó sus planes y ellos empezaron el proceso de satanización, este 28 de junio, cuando se ejecutó la asonada militar, los grandes medios del pequeño grupo de familias poderosas se colocaron impunemente del lado de la dictadura, para ellos la ilegalidad era que Zelaya consultara al pueblo y eso merecía "una reprimenda ejemplar".

La oligarquía mediática hondureña está profundamente asociada con los grupos empresariales de toda Latinoamérica, son los mismos y se esconden tras sus comunes estructuras de conspiración y presión política. Por ejemplo, el señor José Rafael Ferrari, dueño de la cadena Televicentro, uno de los pocos medios que no ha cerrado la dictadura, es también: presidente de la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras, presidente de la Asociación de Televisoras de Centroamérica y Panamá, Miembro de CEAL (Consejo de Empresarios de América Latina) y por si fuese poco también dueño del equipo de fútbol más popular del país y hasta dueño virtual del manejo de la selección nacional de fútbol de Honduras.

La Corporación Televicentro se formó en el año de 1987 con el fin de unir en una sola Empresa las tres cadenas de Televisión: Canal 5, Canales 3 y 7 y Telecadena 7 y 4, para ampliar la cobertura de los canales de televisión (repetidores): La Cumbre, San Pedro Sula (1963), Bañaderos en el Sur (1969), Santa Cruz de Yojoa (1970) Tela (1971) Santa Rosa de Copan en 1978. Es decir para concentrar y monopolizar los medios. Aún así Televicentro es una corporación que maneja varias señales.

El señor Ferrari es también dueño de la cadena radial Emisoras Unidas, y ha sido inclusive y ha integrado también varias Comisiones nombradas por el Poder Ejecutivo para tratar asuntos de Estado. Durante el gobierno de Carlos Flores Facussé, quien fue presidente entre 1997 y 2002, el periodista Nahum Valladares, ministro asesor, sin cartera, del gobierno, era el secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Medios de Comunicación, quien pese a sus funciones en el gobierno seguía siendo el gerente general de Emisoras Unidas, la cadena de Ferrari.

En el año 2002, una nutrida delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa visitó a Honduras para entregar reconocimientos a Carlos Flores Facussé para premiarlo por "el buen papel del gobernante hondureño al permitir la libre emisión del pensamiento y opinión a través de los diferentes medios tomando en cuenta que también es propietario de un rotativo". En la ceremonia de entrega del reconocimiento al gobernante participó el abogado Edgardo Dumas Rodríguez, representante de Honduras ante la Sociedad Interamericana Prensa, quien fue ministro de Defensa hasta principios del año y es socio co-fundador del periódico del presidente, es decir de La Tribuna, uno de los medios que ha justificado el golpe de estado contra Zelaya.

Por cierto Edgardo Dumas Rodríguez ha sido uno de los más ferverosos defensores del golpe y el 26 de junio ya había amenazado al presidente Zelaya, citamos el reporte del diario La Prensa de Honduras en su edición electrónica de ese día: La situación del presidente Manuel Zelaya Rosales es delicadísima, y su futuro está en manos del Congreso Nacional, expresó el abogado Edgardo Dumas Rodríguez...“No quisiera estar en los pantalones de él, le faltan cien días de Gobierno y está en una situación de peligrosidad. Pueden pasar muchas cosas, una de las principales posibilidades es que puede ser sustituido por el presidente del Congreso Nacional y no le quedaría nada que hacer más que convocar a turbas como lo hizo ayer al llevar a manifestantes a la Fuerza Aérea. Su futuro está en manos del CN”, reafirmó el ex ministro de defensa de Honduras.

Ese mismo año, luego de ser premiado por la SIP, Carlos Flores emprendió un libelo contra un grupo de periodistasque habían denunciado los atropellos de sus patronos y dueños de medios de comunicación que habían denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los atropellos contra sus derechos y contra la libertad de expresión. Flores calificó al grupo de dignos comunicadores como: "La Docena Maldita del Periodismo"

Si seguimos indagando entre los amos de los medios de Honduras podemos mencionar también a Jorge Canahuati, presidente del Consejo de Administración del Diario El Heraldo y principal propietario de este medio y del periódico La Prensa, tiene negocios con el Estado como proveedor de medicinas para los hospitales públicos e intermediario en la venta de armas para la policía.

Canahuati es parte de una familia de poderosos empresarios propietarios del laboratorio Finlay —uno de los más importantes de la industria farmacéutica hondureña—, la Corporación Industrial del Norte (Corinsa) —dueña de la embotelladora Sula y la franquicia de bebidas Pepsi Cola, Aguazul —la planta de comercialización de agua potable más grande de Honduras y tiene los derechos de las cadenas estadounidenses de comida rápida Pizza Hut y Kentucky.

Sus dos diarios, El Heraldo y La Prensa, concentran el 80 por ciento de la circulación de periódicos en Honduras. Vale destacar que estos dos diarios que no han disimuladdo su simpatía por la dictadura de Micheletti son además, junto con el diario Tribuna, miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Canahuati es para más señas el presidente de la Comisión Internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa.

Todos los magnates de medios mencionados son también parte del Consejo de la Empresa Privada de Honduras, todos presuntos adalides de la libertad de expresión a través de la SIP, que hoy ocultan el cierre y asalto militar de los medios opuestos a la dictadura, que llaman turbas a quienes manifiestan en las calles de Honduras, quienes son cómplices de una asonada militar que tiene el sello de Pinochet y de las esvásticas entre ceja y ceja.

Como colofón, la página de la Sociedad Interamericana de Prensa no dice una sola palabra sobre la libertad de expresión en Honduras.

martes, 26 de mayo de 2009

Gobierno israelí ataca a Venezuela y Bolivia en informe contra desarrollo nuclear iraní

(Danny Ayalón (Daniel) Viceministro de Relaciones Exteriores de Irael, Foto AP)


Un informe “secreto” del Ministerio de Exteriores de Israel, difundido este martes por la prensa local, asegura que los gobiernos de Venezuela y Bolivia venden uranio para el programa nuclear que desarrolla Irán en los actuales momentos.

El informe de tres páginas fue elaborado con motivo de la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, y se perfila como una nueva arremetida del gobierno israelí contra las naciones progresistas sudamericanas, quienes mantienen fuertes lazos de amistad y cooperación con Irán.

El documento, estipula que con la venta del uranio la intención del presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, es minar la diplomacia estadounidense en sus esfuerzos por conseguir que Irán someta su programa nuclear a supervisión internacional.

El día lunes el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad aseguraba que el avance científico, que adelanta Teherán , en esta materia, sólo tiene fines pacíficos; e insistió que su país no negociará la interrupción del programa nuclear.

En declaraciones a la agencia de noticias EFE, el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Igal Palmor, afirmó que su gobierno "no va a comentar el contenido del informe", antes de asegurar que "se trata de una filtración que nunca debió ocurrir". Asimismo, agregó que "no era nuestra intención que se produjera (la filtración), y lamentamos que el informe haya salido a la luz pública".

El documento que vincula negativamente a Venezuela y Bolivia con el programa nuclear iraní fue redactado por el viceministro de Asuntos Exteriores de Israel, Danny Ayalón, quien participará como observador en la citada asamblea de la OEA en la localidad de San Pedro Sula, Honduras los próximos martes y miércoles.

Ayalón también refirió que: "Irán está tratando de tomar posiciones en América Latina y desgraciadamente vemos una cooperación muy próxima entre Ahmadineyad y el régimen radical de Hugo Chávez, y esto es algo que debe preocuparnos a todos".

Consultado sobre la supuesta venta del uranio, el viceministro israelí destacó que "no estamos en posición de confirmar la información que tenemos o no tenemos", pero "sí que vemos una alianza estratégica entre Chávez y Ahmadineyad, y esto es algo muy peligroso porque "socava la estabilidad no sólo en el continente sino también en todo el mundo".

Ayalón agregó: "Yo supongo que los países responsables no permitirán que continúe esta alianza estrategia" porque "si no son detenidos tendrán una capacidad muy poderosa para fomentar el terrorismo y matar a gente, tal y como hicieron en Buenos Aires" (en referencia a los atentados ocurridos en 1992 y 1994, contra la embajada israelí y la sede de la agrupación judía AMIA en Argentina).

La existencia del informe sale a la luz varios meses después de que Venezuela y Bolivia rompieran relaciones diplomáticas con Israel en protesta por la ofensiva militar de este país en la franja de Gaza entre el 27 de diciembre y el 18 de enero pasados.

No obstante, el deterioro en sus relaciones bilaterales se remonta a unos años antes, y en el Ministerio israelí de Exteriores lo relacionan al progresivo acercamiento de Caracas y La Paz a Teherán, y al distanciamiento entre ambas capitales latinoamericanas y Washington.

RESPUESTA DE BOLIVIA

El Gobierno de boliviano negó que venda uranio a Irán, como asegura el referido informe y calificó estas informaciones de una "barbaridad" que "sólo se le puede ocurrir a un payaso".

En una conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, defendió que la relación entre Bolivia e Irán es "totalmente transparente" y está dirigida a "proyectos de industrialización" en diversos ámbitos. Asimismo, el ministro boliviano observó: "¿A qué despistado se le puede ocurrir que Bolivia está desarrollando tecnología o está promoviendo y cooperando con el desarrollo nuclear de Irán?", al señalar que su país "apenas está empezando a mover la maquinaria de la industria básica".

El ministro de la Presidencia centró sus críticas en la "irresponsabilidad" de los medios de comunicación al divulgar ese informe y en la agencia israelí que lo elaboró, a la que tachó de "incompetente".

viernes, 8 de mayo de 2009

Paramilitares bananeros

Un grupo de familias colombianas demandó a Dole Food, una de las mayores productoras y exportadoras de frutas y verduras del mundo, por financiar a los grupos paramilitares y actuar como cómplice de 57 asesinatos. La pelea es desigual, pero no imposible. Hace dos años el principal rival de Dole, Chiquita Brands, reconoció que había entregado millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar que integra la lista de terroristas de la Casa Blanca. Para evitar un fallo de la Justicia norteamericana, la multinacional pagó una multa de 25 millones de dólares al Departamento de Justicia. Ahora el mismo abogado, Terry Collingsworth, intenta repetir la hazaña, esta vez ante un tribunal federal de Los Angeles. “Dole financió el 40 por ciento del presupuesto anual de los paramilitares en la zona bananera del norte”, explicó ayer el abogado al diario colombiano El Espectador.

La demanda fue presentada el martes pasado, pero la denuncia no es nueva. El caso se conoció por primera vez hace dos años. Uno de los mandos medios de las AUC que se desmovilizó junto al resto de la cúpula en 2006 había descripto con detalle el acuerdo comercial que tenían con la multinacional norteamericana. Según su relato a la Justicia colombiana, Dole pagó unos 30 dólares por hectárea de sus plantaciones entre 1997 y 2006, cuando oficialmente se desmovilizaron.

La empresa tiene 3400 hectáreas cultivadas con bananos en los departamentos de Magdalena y La Guajira, en el norte colombiano, y controla el 20 por ciento de las exportaciones de la fruta del país. En 2001, sus libros contables daban cuenta de activos por casi 70 millones de dólares, sólo en ese territorio. A nivel mundial, sus ventas superan los 4400 millones de dólares y sus ganancias, los 150 millones de dólares.

Como Chiquita Brands durante las primeras etapas del juicio, Dole negó todo. “Estas acusaciones recicladas son tan falsas hoy como cuando las presentaron por primera vez en 2007, y la mayoría son producto de fuentes lo menos fiables que se pueda imaginar”, sentenció un comunicado difundido por la multinacional bananera el mismo martes que fue presentada la demanda judicial.

Una semana después, el consejero legal de Dole, Michael Carter, habló por primera vez del tema y acusó al testigo estrella, el mando medio José Gregorio Mangones, alias Carlos Tijeras, de estar buscando una rebaja en su sentencia. “Estos terroristas tienen motivos de sobra para estar haciendo acusaciones falsas en contra de las compañías internacionales como Dole, con el fin de reducir al mínimo su propia culpabilidad y su tiempo en la cárcel”, le dijo Carter a la prensa norteamericana.

Pero Mangones está amparado por la Ley de Justicia y Paz, creada por el gobierno de Alvaro Uribe, que limita su pena de cárcel a ocho años. No puede recibir más y, dado que ya reconoció su responsabilidad sobre cerca de 800 asesinatos, es casi imposible que reciba menos. “Los directivos de Dole no pueden decir que no sabía”, aseguró Collingsworth, el director ejecutivo de la ONG Defensores de los Derechos Internacionales y representante de los familiares de las víctimas colombianas.

En la demanda, el abogado estadounidense denunció que todos los camiones de Dole que llevaban las bananas de las fincas hacia los puertos eran escoltados por paramilitares y que para entrar o salir de las plantaciones era necesario ser aprobado por los retenes que habían colocado al costado de las rutas los grupos de extrema derecha. “Cualquier norteamericano que viniera a ver las operaciones de bananas tenía que pasar por las AUC”, aseguró Collingsworth. “Las víctimas eran representantes sindicales de la multinacional o tenían problemas con la manera como la empresa los trataba o vivían en tierras en las que Dole quería plantar banano. Así que esta gente fue asesinada porque Dole quería que los mataran.”

Aún faltan llenar muchos agujeros negros en esa historia. Según la demanda, los pagos se hicieron a través de las Convivir, las organizaciones rurales que hacían de pantalla legal a los comandantes paramilitares. Pero, como en el caso de Chiquita, quedan registrados bajo el nombre de empresas fantasma. Collingsworth cree que sólo impulsando un juicio será posible revelar esa información.

Su plan es ambicioso. El abogado que llevó ante la Justicia norteamericana a multinacionales del tamaño de Drummond, Coca Cola y Exxon Mobil quiere vincular el caso de Dole con el debate en el Capitolio por el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Washington y Bogotá. “No puede haber TLC hasta que se haya hecho justicia”, explicó.

Con ese argumento quiere presionar para que el Congreso llame a declarar a los comandantes paramilitares detenidos en Estados Unidos. “No va a ser algo fácil”, señaló y recordó que uno de los abogados a los que se enfrentó en el juicio con Chiquita Brands es ahora Eric Holder, el fiscal general de Barack Obama.

LA ENCUESTA SOBRE LAS VACACIONES DE DAYANA MENDOZA

POR AMPLIA MAYORÍA LA OPCIÓN FAVORITA POR LOS VISITANTES DEL BLOG SOBRE CUÁL SERÍA EL DESTINO FAVORITA DE LA  SEÑORITA UNIVERSO PASAR SUS VACACIONES ES NADA MÁS Y MENOS,  QUE EN EL CLUB DE SUB-OFICIALES DE LA CIA.

LA SEGUNDA OPCIÓN RECOMENDADA A DAYANA SON LAS BASES DE LA OTAN EN AFGANISTÁN.

DESDE DIMENSIÓN 550 ESPERAMOS NUEVAMENTE QUE DAYANA NOS COMENTE EN SU BLOG COMO SERÍA SU RECORRIDO POR TAN AGRADABLES LUGARES.

NO DUDAMOS QUE SERÍA MUY DIVERTTIDO SABER SUS EMOCIONES LUEGO DE CONOCER EL CLUB DE SUB-OFICIALES DE LA CIA.