por: Josetxo Ezcurra
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viernes, 10 de julio de 2009
viernes, 8 de mayo de 2009
Paramilitares bananeros
Un grupo de familias colombianas demandó a Dole Food, una de las mayores productoras y exportadoras de frutas y verduras del mundo, por financiar a los grupos paramilitares y actuar como cómplice de 57 asesinatos. La pelea es desigual, pero no imposible. Hace dos años el principal rival de Dole, Chiquita Brands, reconoció que había entregado millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar que integra la lista de terroristas de la Casa Blanca. Para evitar un fallo de la Justicia norteamericana, la multinacional pagó una multa de 25 millones de dólares al Departamento de Justicia. Ahora el mismo abogado, Terry Collingsworth, intenta repetir la hazaña, esta vez ante un tribunal federal de Los Angeles. “Dole financió el 40 por ciento del presupuesto anual de los paramilitares en la zona bananera del norte”, explicó ayer el abogado al diario colombiano El Espectador.
La demanda fue presentada el martes pasado, pero la denuncia no es nueva. El caso se conoció por primera vez hace dos años. Uno de los mandos medios de las AUC que se desmovilizó junto al resto de la cúpula en 2006 había descripto con detalle el acuerdo comercial que tenían con la multinacional norteamericana. Según su relato a la Justicia colombiana, Dole pagó unos 30 dólares por hectárea de sus plantaciones entre 1997 y 2006, cuando oficialmente se desmovilizaron.
La empresa tiene 3400 hectáreas cultivadas con bananos en los departamentos de Magdalena y La Guajira, en el norte colombiano, y controla el 20 por ciento de las exportaciones de la fruta del país. En 2001, sus libros contables daban cuenta de activos por casi 70 millones de dólares, sólo en ese territorio. A nivel mundial, sus ventas superan los 4400 millones de dólares y sus ganancias, los 150 millones de dólares.
Como Chiquita Brands durante las primeras etapas del juicio, Dole negó todo. “Estas acusaciones recicladas son tan falsas hoy como cuando las presentaron por primera vez en 2007, y la mayoría son producto de fuentes lo menos fiables que se pueda imaginar”, sentenció un comunicado difundido por la multinacional bananera el mismo martes que fue presentada la demanda judicial.
Una semana después, el consejero legal de Dole, Michael Carter, habló por primera vez del tema y acusó al testigo estrella, el mando medio José Gregorio Mangones, alias Carlos Tijeras, de estar buscando una rebaja en su sentencia. “Estos terroristas tienen motivos de sobra para estar haciendo acusaciones falsas en contra de las compañías internacionales como Dole, con el fin de reducir al mínimo su propia culpabilidad y su tiempo en la cárcel”, le dijo Carter a la prensa norteamericana.
Pero Mangones está amparado por la Ley de Justicia y Paz, creada por el gobierno de Alvaro Uribe, que limita su pena de cárcel a ocho años. No puede recibir más y, dado que ya reconoció su responsabilidad sobre cerca de 800 asesinatos, es casi imposible que reciba menos. “Los directivos de Dole no pueden decir que no sabía”, aseguró Collingsworth, el director ejecutivo de la ONG Defensores de los Derechos Internacionales y representante de los familiares de las víctimas colombianas.
En la demanda, el abogado estadounidense denunció que todos los camiones de Dole que llevaban las bananas de las fincas hacia los puertos eran escoltados por paramilitares y que para entrar o salir de las plantaciones era necesario ser aprobado por los retenes que habían colocado al costado de las rutas los grupos de extrema derecha. “Cualquier norteamericano que viniera a ver las operaciones de bananas tenía que pasar por las AUC”, aseguró Collingsworth. “Las víctimas eran representantes sindicales de la multinacional o tenían problemas con la manera como la empresa los trataba o vivían en tierras en las que Dole quería plantar banano. Así que esta gente fue asesinada porque Dole quería que los mataran.”
Aún faltan llenar muchos agujeros negros en esa historia. Según la demanda, los pagos se hicieron a través de las Convivir, las organizaciones rurales que hacían de pantalla legal a los comandantes paramilitares. Pero, como en el caso de Chiquita, quedan registrados bajo el nombre de empresas fantasma. Collingsworth cree que sólo impulsando un juicio será posible revelar esa información.
Su plan es ambicioso. El abogado que llevó ante la Justicia norteamericana a multinacionales del tamaño de Drummond, Coca Cola y Exxon Mobil quiere vincular el caso de Dole con el debate en el Capitolio por el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Washington y Bogotá. “No puede haber TLC hasta que se haya hecho justicia”, explicó.
Con ese argumento quiere presionar para que el Congreso llame a declarar a los comandantes paramilitares detenidos en Estados Unidos. “No va a ser algo fácil”, señaló y recordó que uno de los abogados a los que se enfrentó en el juicio con Chiquita Brands es ahora Eric Holder, el fiscal general de Barack Obama.
La demanda fue presentada el martes pasado, pero la denuncia no es nueva. El caso se conoció por primera vez hace dos años. Uno de los mandos medios de las AUC que se desmovilizó junto al resto de la cúpula en 2006 había descripto con detalle el acuerdo comercial que tenían con la multinacional norteamericana. Según su relato a la Justicia colombiana, Dole pagó unos 30 dólares por hectárea de sus plantaciones entre 1997 y 2006, cuando oficialmente se desmovilizaron.
La empresa tiene 3400 hectáreas cultivadas con bananos en los departamentos de Magdalena y La Guajira, en el norte colombiano, y controla el 20 por ciento de las exportaciones de la fruta del país. En 2001, sus libros contables daban cuenta de activos por casi 70 millones de dólares, sólo en ese territorio. A nivel mundial, sus ventas superan los 4400 millones de dólares y sus ganancias, los 150 millones de dólares.
Como Chiquita Brands durante las primeras etapas del juicio, Dole negó todo. “Estas acusaciones recicladas son tan falsas hoy como cuando las presentaron por primera vez en 2007, y la mayoría son producto de fuentes lo menos fiables que se pueda imaginar”, sentenció un comunicado difundido por la multinacional bananera el mismo martes que fue presentada la demanda judicial.
Una semana después, el consejero legal de Dole, Michael Carter, habló por primera vez del tema y acusó al testigo estrella, el mando medio José Gregorio Mangones, alias Carlos Tijeras, de estar buscando una rebaja en su sentencia. “Estos terroristas tienen motivos de sobra para estar haciendo acusaciones falsas en contra de las compañías internacionales como Dole, con el fin de reducir al mínimo su propia culpabilidad y su tiempo en la cárcel”, le dijo Carter a la prensa norteamericana.
Pero Mangones está amparado por la Ley de Justicia y Paz, creada por el gobierno de Alvaro Uribe, que limita su pena de cárcel a ocho años. No puede recibir más y, dado que ya reconoció su responsabilidad sobre cerca de 800 asesinatos, es casi imposible que reciba menos. “Los directivos de Dole no pueden decir que no sabía”, aseguró Collingsworth, el director ejecutivo de la ONG Defensores de los Derechos Internacionales y representante de los familiares de las víctimas colombianas.
En la demanda, el abogado estadounidense denunció que todos los camiones de Dole que llevaban las bananas de las fincas hacia los puertos eran escoltados por paramilitares y que para entrar o salir de las plantaciones era necesario ser aprobado por los retenes que habían colocado al costado de las rutas los grupos de extrema derecha. “Cualquier norteamericano que viniera a ver las operaciones de bananas tenía que pasar por las AUC”, aseguró Collingsworth. “Las víctimas eran representantes sindicales de la multinacional o tenían problemas con la manera como la empresa los trataba o vivían en tierras en las que Dole quería plantar banano. Así que esta gente fue asesinada porque Dole quería que los mataran.”
Aún faltan llenar muchos agujeros negros en esa historia. Según la demanda, los pagos se hicieron a través de las Convivir, las organizaciones rurales que hacían de pantalla legal a los comandantes paramilitares. Pero, como en el caso de Chiquita, quedan registrados bajo el nombre de empresas fantasma. Collingsworth cree que sólo impulsando un juicio será posible revelar esa información.
Su plan es ambicioso. El abogado que llevó ante la Justicia norteamericana a multinacionales del tamaño de Drummond, Coca Cola y Exxon Mobil quiere vincular el caso de Dole con el debate en el Capitolio por el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Washington y Bogotá. “No puede haber TLC hasta que se haya hecho justicia”, explicó.
Con ese argumento quiere presionar para que el Congreso llame a declarar a los comandantes paramilitares detenidos en Estados Unidos. “No va a ser algo fácil”, señaló y recordó que uno de los abogados a los que se enfrentó en el juicio con Chiquita Brands es ahora Eric Holder, el fiscal general de Barack Obama.
martes, 2 de diciembre de 2008
domingo, 21 de septiembre de 2008
El senador O’Bush habla de Afganistán e Irán
Barack Obama "The Senator," center, with the JV team at Punahou School, Hawaii, 1977.(http://hoopedia.nba.com/index.php/Barack_Obama)| Traducido para Rebelión por S. Seguí |
Hace unas semanas escribí una columna en la que explicaba porqué el senador John McCain está equivocado en lo relativo a Iraq. En cambio, el senador Barack Obama tiene razón en gran medida en este mismo asunto. Lo de si va a llevar a cabo su plan de retirada de las tropas estadounidenses es harina de otro costal. El establishment político en materia de relaciones exteriores del Partido Demócrata no es menos wilsoniano que su contraparte republicana, y después de haber utilizado los votos de los opositores a la guerra para alcanzar el poder no tardará en volver al redil.
Pero, si bien Obama tiene razón en sobre Iraq, está equivocado en todo lo relativo a Afganistán, Pakistán e Irán. Sus recetas para cada uno de estos países son tan parecidas a las políticas del gobierno Bush que si llamamos a McCain McBush, a Obama podríamos llamarlo O’Bush. Pareciera que el deseo de tantos votantes de escapar a la maldición de Bush esté condenado al fracaso.
Respecto a Afganistán, Obama tiene la intención de enviar más tropas y ganar la guerra. Sin embargo, enviar más tropas para seguir haciendo lo que el ejército de EE UU está haciendo en estos momentos –combatir a los pashtunes y recurrir a bombardeos aéreos contra todo lo que se mueva– es una garantía para perder la guerra. Como en Iraq, el primer y necesario paso es cambiar la función de nuestras tropas. Por lo que he visto, Obama no ha dicho nada al respecto, probablemente porque su posición sobre Afganistán es una mera postura destinada a mostrar que va a ser duro contra el terrorismo .
La posición de Obama sobre Pakistán es aún más peligrosa. En agosto de 2007, Obama pidió una acción militar directa en Pakistán, con o sin aprobación del gobierno de este país. En un discurso pronunciado en el Woodrow Wilson Center, Obama afirmó: “Si tenemos información incriminadora sobre blancos terroristas de gran envergadura y el presidente Musharraf no actúa, nosotros lo haremos.” El presidente Bush hizo suya el pasado julio la recomendación del senador Obama y autorizó una acción de este tipo.
Se trata de un ejemplo del clásico error estratégico consistente en sacrificar un objetivo de mayor importancia por uno de menor valor. Ni siquiera una derrota clara en Afganistán haría a Estados Unidos tanto daño como la desintegración del estado de Pakistán y la transformación de este territorio en otra región desprovista de un poder estatal. El estado de Pakistán es ya peligrosamente frágil, y acciones como los ataques transfronterizos realizados por las tropas estadounidenses reducirían aún más su legitimidad. Un gobierno que no sea capaz de defender su soberanía no puede durar. Irónicamente, si Pakistán se desmorona también lo hará nuestra posición en Afganistán, porque nuestra principal vía logística se verá cortada. En efecto, Obama pretende brindar a Al Qaeda y los talibanes una doble victoria.
En junio del presente año 2008, Obama habló ante la conferencia anual del AIPAC (1). Lo que allí dijo sobre Irán lo devolvió claramente al terreno de Bush:
Como presidente, utilizaré todos los elementos del poder estadounidense para presionar a Irán. Haré todo lo que esté en mi mano para impedir que Irán obtenga el arma nuclear (...) Que no queden dudas: siempre mantendré la amenaza de una acción militar para defender nuestra seguridad y a nuestro aliado Israel. Que no se equivoquen.
A veces no hay alternativas al enfrentamiento. Si debemos utilizar la fuerza militar, tendremos más posibilidades de éxito y mayor apoyo en nuestro país y en el extranjero si antes hemos agotado nuestras opciones diplomáticas. Este es el cambio que requiere nuestra política.
En otras palabras, el cambio que requiere nuestra política consiste en brindar al público un poco más de teatro diplomático antes de atacar a Irán.
Como he afirmado repetidas veces y seguiré afirmando, un ataque sobre Irán nos costaría todo el ejército que tenemos destacado en Iraq. Asimismo, incendiaría toda la región, desde Afganistán hasta el Nilo. Crearía una crisis petrolera de graves consecuencias económicas, en un momento en que la economía mundial se tambalea. Se trata, en pocas palabras, de una locura. Pero es también lo que Obama prometió al AIPAC.
Aquí vemos la realidad de la política estadounidense en su elemento más radical, a través del humo y de los espejos. Estados Unidos tiene un sistema de partido único. Este partido es el Partido del Establishment, y sus desacuerdos internos son de escasa envergadura. Tanto McCain como Obama son candidatos del Partido del Establishment, y ambos están de acuerdo en que Estados Unidos debe seguir siendo un imperio que controle el mundo. Ambos son wilsonianos que creen que debemos reconstruir otros países y culturas a nuestra propia imagen. Ninguno de los dos concibe ningún límite real, sea éste político, financiero, militar o moral, al poder estadounidense. McCain y Obama pugnan sólo por definir cuál de ellos puede saciarse antes en el venenoso pozo del orgullo desmedido en torno al cual yacen, inadvertidos, los restos de todas las anteriores potencias mundiales.
Esta es la elección que el pueblo estadounidense tiene ante sí en noviembre. A cualquier monárquico le resulta a veces difícil disimular una sonrisa.
(1) AIPAC: The American Israel Public Affairs Committee. Principal lobby pro israelí de EE UU. (N. del t.)
William S. Lind es Director del Center for Cultural Conservatism, de la Free Congress Foundation. Este artículo expresa su opinión personal.
http://www.counterpunch.com/lind09182008.html
S. Seguí pertenece a los colectivos de Rebelión y Cubadebate.
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, el traductor y la fuente.
sábado, 30 de agosto de 2008
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